Transición en entredicho
Las voces que ponen en cuestión la actual política energética y la precipitada transición energética centrada en la descarbonización van en aumento. Ahora ha sido el Tribunal Federal de Cuentas alemán quien ha criticado duramente las estimaciones de costes de la transición energética por no incluir partidas sustanciales y cuantiosas.
De acuerdo con el Tribunal Federal de Cuentas alemán, en el coste previsto de la transición energética hacia la descarbonización se están ignorando los costes de la ampliación requerida de la red de transmisión eléctrica y la necesidad de capacidad de generación eléctrica de respaldo a la energía solar y la energía eólica. Estos costes añadidos, e imprescindibles, supondrán un mayor coste real de la transición energética. Conviene conocer el coste real y no ignorarlo.
El Tribunal alemán incluso advierte que la seguridad del suministro energético no está garantizada, ni tampoco el coste final de la energía. Avisa también del coste que esta transición energética supondrá para Alemania, siendo este esfuerzo de reducción de emisiones de CO2 totalmente insignificante a nivel global, si otros no dejan de emitir. Adicionalmente, cuestiona la destrucción del paisaje, la naturaleza y el medioambiente con la implantación de la cantidad de turbinas eólicas (molinos de viento) requeridos para alcanzar los objetivos.
Proporción de emisiones de de CO2 globales por país
El Tribunal alemán estima que hay un retraso de al menos siete años y 6.000 kilómetros en la planificación de la ampliación de la red eléctrica para dar cabida a la nueva capacidad de generación eléctrica eólica y fotovoltaica programada. Estima el importe que será necesario invertir en la ampliación de la red eléctrica en más de 460.000 millones de euros.
Desde que se genera la electricidad hasta que llega a su sitio de consumo hay un largo proceso. La electricidad generada por cada turbina eólica debe ser volcada en una red de alto voltaje y transportada a un centro cercano a su consumo donde se transforma a un voltaje más bajo, para luego ser distribuida a los consumidores finales. La construcción de esta infraestructura es costosa y requiere tiempo. Cuanto más pequeñas son las centrales eléctricas, más dispersas están y, por tanto, más kilómetros de cable de alta tensión son necesarios para transportar y distribuir la electricidad.
Es un error pensar que, porque el viento o el sol son gratis, no tienen coste, la energía eólica o la fotovoltaica también son gratis. Así lo pone de manifiesto el Tribunal alemán.
Adicionalmente, recalca que es imprescindible contar con sistemas alternativos a las energías renovables para cuando estas no están disponibles. Tanto la energía eólica como la fotovoltaica son intermitentes: no está garantizada la generación de energía permanente por el viento, ni por el sol. Por lo tanto, ninguna economía se puede permitir depender de estas fuentes de energía sin tener capacidad de generación de energía de respaldo. En el caso alemán, con el cierre de las centrales nucleares y las centrales de carbón, es imprescindible construir nuevas centrales eléctricas de gas, para utilizarlas cuando no estén disponibles las energías renovables. Lamentablemente para Alemania, ya no cuenta con el gas barato de Rusia, sino que tiene que importar GNL a un coste sensiblemente superior.
Las críticas del Tribunal de Cuentas alemán se producen después de las manifestadas por la Asociación de la Industria Alemana (BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie), en las que califica la política energética de su gobierno de "absolutamente tóxica". Coincide en señalar que no está garantizado el suministro eléctrico en un futuro relativamente cercano, ni su coste.
El cierre de las centrales nucleares y las centrales de carbono, y los precios del gas dos tercios más elevados que los existentes en 2019, a pesar de haber caído un 90% desde los máximos, sitúa a la industria alemana en una situación de vulnerabilidad. De hecho, la demanda de gas en el sector industrial se ha reducido una cuarta parte desde los niveles de 2019. De acuerdo con una encuesta de septiembre pasado de la Cámara de Comercio e Industria Alemana, hasta el 43% de las grandes compañías industriales germanas están planeando relocalizar sus operaciones fuera de Alemania.
Si Europa no quiere fabricar los productos que el mundo necesita, la producción se desplazará a otras zonas del globo. Es difícil de justificar, tanto medioambiental como económicamente, que Europa esté forzando a las empresas a realizar sus inversiones en otras latitudes ante la pérdida de competitividad por la regulación. Europa va camino de depender de industrias energéticamente intensivas situadas en otros países con regulaciones medioambientales y de empleo sensiblemente más laxas que las existentes en Europa.
La realidad se suele imponer a los deseos bienintencionados.