Las incomprensibles medidas energéticas europeas
A pesar de la actual situación de máxima tensión en los mercados energéticos globales, en los que la seguridad del suministro energético debería ser la máxima prioridad, la Unión Europea sigue en sus trece de aplicar normas con un alto componente medioambiental, totalmente extemporáneas, que pueden provocar un nuevo golpe a la competitividad industrial europea, además de encarecer los combustibles.
El 1 de enero próximo entra en vigor un reglamento comunitario sobre las emisiones de metano en el sector energético, que obliga a las refinerías de petróleo y a los operadores energéticos a medir, notificar y verificar sus emisiones de metano. Estas mediciones también se aplican a los proveedores, es decir, a los exportadores de petróleo y gas. Se exige identificar el país de origen, la instalación productora, el volumen cubierto, el periodo de producción y las pruebas de cumplimiento de los requisitos exigidos. Es una cantidad de información y de condiciones que pocos países exportadores están dispuestos a cumplir.
De hecho, el secretario de Energía de Estados Unidos ha amenazado con redirigir los envíos de gas natural licuado, que actualmente se dirigen a Europa, hacia otras zonas geográficas deseosas de recibir el gas americano, si la Unión Europea no modifica la normativa sobre el metano que entra en vigor al inicio del próximo año.
Junto con Estados Unidos, Catar, Nigeria y Argelia, todos exportadores de gas a Europa, enviaron una carta conjunta a las instituciones europeas advirtiendo de que las medidas que entrarán en vigor en enero próximo ponen en peligro las exportaciones de gas a Europa. Compradores para su gas no les faltarán, sobre todo en Asia, mientras dure la inestabilidad en el golfo Pérsico.
La medida adoptada por la Unión Europea tras la carta de los exportadores y las quejas de las empresas del sector energético europeo ha sido suspender las sanciones durante tres años, aunque la norma entre en vigor.
Obviamente, las empresas energéticas ya han dicho que no pueden incumplir una normativa medioambiental en vigor, aunque no acarree sanciones durante unos años.
Los impactos negativos de la eventual entrada en vigor de esta nueva normativa son notables. Entre ellos:
- De acuerdo con la AICE (Asociación de la Industria del Combustible de España), solamente el 3% de las importaciones realizadas por España en 2025 podría acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos. En el conjunto de la UE, dicho porcentaje ascendería al 13% de media. El problema reside en que se está introduciendo una exigencia de medición y verificación de metano a los países productores de fuera de la UE, cuando estas exigencias no existen en sus países y dichos productores no están dispuestos a cumplirlas. Por lo tanto, el suministro de crudo a la UE compatible con la normativa sería muy reducido.
- Como consecuencia de lo anterior, existe un riesgo real de desabastecimiento de diésel, gasolina y gas para el próximo invierno, coincidiendo con la entrada en vigor del reglamento europeo. Además, la entrada en vigor del reglamento coincide temporalmente con la prohibición de importar gas ruso.
- Una tercera consecuencia, si entra en vigor el reglamento, es el aumento de costes para las refinerías, que encarecería la energía y, además, dificultaría la renovación de la contratación y la renovación de acuerdos de suministros.
- Adicionalmente, la medida provocaría una pérdida de competitividad de las refinerías europeas frente a las de otras áreas geográficas. Las refinerías europeas no podrían utilizar el crudo que sí utilizan refinerías de fuera de la UE. Sin embargo, el producto terminado en dichas refinerías sí podría venderse en la UE sin problemas. Conclusión: se perdería capacidad de refino en la UE a costa de importar mayor cantidad de productos refinados fuera de la UE.
Es difícil entender que, mientras los distintos países hacen todo tipo de gestiones para garantizarse el suministro energético de forma estructural, la Unión Europea parece tener otras prioridades, fundamentalmente las medioambientales, aunque sean medidas que prácticamente solo se apliquen en suelo europeo.
Aunque solo quedan cinco meses para la entrada en vigor del reglamento, que además coincide con la prohibición de importar gas ruso, los mercados financieros no muestran ninguna preocupación al respecto. Esperemos que una vez más acierten y dicha normativa sea modificada.