Aunque lo peor de cualquier guerra es el sufrimiento humano y la ola de muerte y destrucción ocasionados por las acciones militares, existen otros frentes de guerra paralelos al militar, como la guerra económica y financiera, con inquietantes implicaciones.
Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia se impusieron distintas sanciones a la Federación Rusa. Entre ellas, la congelación de 300.000 millones de dólares en activos, como cuentas bancarias, inmuebles, acciones, bonos y otras inversiones de entidades y oligarcas rusos. La mayoría de estos activos congelados pertenecen al Banco Central Ruso, estando depositados principalmente en la Unión Europea y en menor medida en Estados Unidos, Japón y Canadá. Con la congelación de los activos rusos se impedía que los titulares tuvieran acceso a dichos activos, pero la titularidad de los bienes no variaba.
Ahora, Estados Unidos ha dado un paso más y el Congreso estadounidense ha aprobado una ley que permite confiscar los activos rusos congelados. De los 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados, se estima que unos 67.000 se sitúan en EEUU y 6.000 millones de dólares están depositados en bancos estadounidenses.
El objetivo de la nueva ley, denominada "REPO Act" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act) es asegurar que Rusia soporta la carga financiera asociada a los daños causados por la invasión no provocada de Ucrania, mediante la confiscación de los bienes del estado ruso congelados en EEUU.
Rusia ya ha anunciado que utilizará el principio de reciprocidad, que prevé represalias similares. Reconoce que no hay en su territorio suficientes propiedades del estado estadounidense para compensar los activos eventualmente confiscados por EEUU, por lo que irá tras los activos de inversores privados situados en Rusia. De producirse, supondría la nacionalización de inversiones privadas occidentales en Rusia. De hecho, Rusia ya ha nacionalizado activos de empresas occidentales, entre ellas de la finlandesa Fortum, la danesa Carlsberg o la alemana Uniper.
Un juzgado ruso ha ordenado recientemente la incautación de 440 millones de dólares del banco estadounidense JP Morgan. La resolución se produce por una demanda del banco ruso VTB contra JP Morgan para recuperar el dinero "congelado" en la entidad estadounidense. Con la introducción de las sanciones, los bancos occidentales con activos pertenecientes a personas o entidades rusas afectadas tienen la obligación de impedir el acceso a dichos fondos. De no hacerlo se enfrentarían a gravísimas responsabilidades.
Otros países como el Reino Unido han manifestado que están dispuestos a prestar fondos a Ucrania por un importe equivalente a los 32.000 millones de euros de valoración de los activos de Rusia congelados en su territorio. Estos fondos se utilizarían como garantía de dichos préstamos a Ucrania. Rusia ya ha amenazado a los compradores de dichos bonos con contrasanciones.
Por su parte, la UE ha aprobado mantener en una cuenta separada los ingresos procedentes de los activos congelados para eventualmente ser utilizados en ayudas a Ucrania. Se considera que dichos intereses no pertenecen legalmente a Rusia, sino al depositario de los valores, principalmente la entidad belga Euroclear. En 2023, esta entidad ha obtenido 4.400 millones de euros de rendimientos de los 291.000 millones de activos congelados pertenecientes a Rusia.
En caso de materializarse la confiscación de los activos congelados pertenecientes a Rusia, existe un riesgo claro de que Rusia, a su vez, incaute activos de Euroclear que tiene en su homóloga rusa NSD (National Settlement Depositary) e inicie acciones legales para incautar activos y liquidez depositados en territorios como Hong Kong o Dubai. Aunque es una cifra difícil de confirmar, algunas informaciones cifran la cantidad de activos de Euroclear en la rusa NSD en 33.000 millones de euros.
Desde 2022, cualquier banco extranjero que desease abandonar Rusia necesitaba una autorización especial del mismo Putin. Sólo 7 entidades de los 45 bancos con operaciones en la Federación Rusa han logrado dicha autorización. Bancos como Citigroup, Raiffeisen Bank o UniCredit siguen con operaciones en Rusia. La amenaza sobre la confiscación de activos como represalia crece.
En esta guerra híbrida, paralela al frente militar, las medidas que se adopten pueden tener una enorme repercusión en la economía y los mercados financieros. Pasar de la congelación a la confiscación de activos rusos desencadenaría represalias que, sin duda, afectarían a empresas y entidades privadas que podrían sufrir pérdidas muy cuantiosas.
Especialmente inquietante sería la incautación de activos a cámaras de compensación y liquidación como Euroclear o Clearstream que, de producirse, podrían necesitar un rescate urgente para evitar serias disrupciones en los mercados financieros.
Cuanto más dure la guerra militar, más durará la guerra económica y financiera con consecuencias nada positivas.