El sistema de control y equilibrio de poderes (Checks and Balances) de Estados Unidos funciona. Tras las elecciones de mitad de mandato, el partido demócrata pasa a controlar las dos cámaras del Congreso, mientras que el republicano Trump sigue siendo el presidente de la nación.
A pesar de controlar el Congreso, los demócratas no podrán aprobar ninguna ley sin negociar con Trump. El presidente tiene un derecho de veto que, en la práctica, puede impedir que cualquier proyecto de ley se convierta en ley. Esto incluye incluso las leyes de presupuestos y de financiación del gobierno.
El Congreso solo puede anular el veto presidencial a una ley si cuenta con los votos de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Los demócratas tendrían que convencer a miembros de la Cámara de Representantes y senadores republicanos para alcanzar dicho porcentaje de votos.
En la historia de Estados Unidos, los presidentes han ejercido el derecho de veto más de 1.500 veces y solo cerca del 7% de esos vetos han sido anulados por el Congreso.
El presidente puede vetar o no firmar un proyecto de ley, pero no puede introducir modificaciones a dicho proyecto. Obviamente, Trump tampoco podrá promover de forma exitosa leyes en el Congreso porque ya no cuenta con el respaldo necesario. Esto llevará necesariamente a negociaciones entre los dos partidos para poder aprobar nuevas leyes, los presupuestos o la propia financiación del gobierno.
Previsiblemente, Trump se centrará en aprobar órdenes ejecutivas para gobernar, pero su alcance es limitado. Las órdenes ejecutivas son instrucciones directas del presidente a las agencias del gobierno federal, pero no pueden crear nuevas leyes ni asignar fondos que el Congreso no haya aprobado. Sí pueden imponer sanciones económicas unilaterales a otros países o reducir determinadas normativas.
Una consecuencia directa del cambio de control del Congreso es el aumento de probabilidades de un fin próximo de la guerra con Irán. Hay que recordar que, aunque el presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Congreso constitucionalmente tiene el poder exclusivo de declarar la guerra a otro país, algo que no ha sucedido de forma oficial. La campaña militar se justificó como autodefensa nacional y protección de aliados en la región. La última vez que el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra fue en 1941 con su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Ni en Camboya, ni en Vietnam, ni en las dos primeras guerras del Golfo el Congreso realizó una declaración formal de guerra.
Existe un principio en la Constitución de Estados Unidos, denominado “Poder de la Bolsa” (o Power of the Purse), por el que no se puede hacer uso de ningún dólar del Tesoro federal que no haya sido asignado por una ley aprobada por el Congreso. Por lo tanto, con el Congreso bajo su control, los demócratas pueden forzar el fin de la guerra simplemente negando partidas extraordinarias de emergencia para continuar con las operaciones. Se estima que el coste de la guerra hasta el momento asciende a 38.000 millones de dólares.
Los demócratas también pueden introducir cláusulas en la ley que autoriza los gastos militares para prohibir explícitamente el uso de fondos en un determinado territorio o, incluso, en las aguas de Irán. Si Trump vetara los presupuestos que recogen esos gastos, podría provocar el cierre del gobierno federal. Puede vetar, pero no modificar el contenido de las leyes.
Aunque los nuevos senadores y miembros de la Cámara de Representantes no tomarán posesión hasta el próximo 3 de enero, antes hay una fecha clave en la que se verá la voluntad de los dos partidos de negociar: el 11 de diciembre finaliza la prórroga presupuestaria de financiación del gobierno federal. Si el Congreso y el presidente Trump no llegan a un acuerdo antes de dicha fecha, se produciría el cierre del gobierno federal, con la suspensión de todas las actividades gubernamentales consideradas no esenciales.
Este presupuesto debería ser aprobado por el Congreso “antiguo”, con mayoría republicana en las dos cámaras. Trump tenía la intención de aumentar el gasto militar hasta los 1,5 billones de dólares. No obstante, al no contar los republicanos con 60 senadores en el Senado “antiguo”, no pueden evitar el poder de veto de la minoría demócrata, a través del bloqueo por debate infinito (o filibuster).
Así, Trump tendrá que decidir entre acordar con los demócratas una prórroga corta dejando la aprobación del presupuesto a un Congreso con mayoría demócrata, o no llegar a un acuerdo y provocar el cierre del gobierno federal. Los demócratas podrán recortar los importes destinados a la guerra de Irán en los nuevos presupuestos.
La reacción a la baja de los precios del petróleo y del gas en Europa refleja esta expectativa de finalización de la guerra en Irán. Aun así, los problemas de suministro y las tensiones entre los distintos países de Oriente Medio están lejos de resolverse.
Si caen los precios de la energía, la presión sobre la inflación disminuye y la necesidad de subir los tipos de interés por parte de los bancos centrales también. Afortunadamente, en Estados Unidos el sistema de control y equilibrio de poderes recogidos en su Constitución funciona adecuadamente.