Tanto el BCE como la Reserva Federal han estado más de una década inyectando liquidez y aplicando tipos de interés mínimos, incluso negativos en el caso de la Eurozona, con el objetivo de lograr una inflación del 2%. Ahora, la inflación en ambas áreas está desbocada y se sitúa en los niveles máximos de las últimas cuatro décadas.
A pesar de las subidas de tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico, el nivel de la inflación está muy por encima de los tipos de interés de referencia. Los tipos de interés reales, descontada la inflación, son muy negativos.
Se argumenta que en una economía altamente endeudada y con bajo crecimiento, la inflación favorece a los deudores porque diluye las deudas y facilita su devolución. Esta afirmación sólo es cierta si los ingresos del deudor aumentan en la misma proporción en que lo hace la inflación. De no ser así, el deudor puede acabar ahogado por el incremento de los costes financieros y el incremento de los gastos operativos en el caso de las empresas o del coste de la vida en el caso de particulares y familias.
El gran beneficiado de la inflación es, sin duda, el Estado. Su recaudación aumenta con la inflación y los costes financieros de su deuda se incrementan en mucha menor medida. Al subir los precios de los productos en general, aumenta la recaudación del IVA, al ser un impuesto proporcional al precio de venta. En el caso del IRPF, con un tipo de gravamen progresivo, de tal forma que cuanto mayor sea la cantidad sujeta al impuesto, mayor es el tipo de gravamen aplicado, la inflación hace que el incremento de la recaudación sea incluso superior al incremento del IPC. Para evitar este efecto perverso sería necesario deflactar la tarifa de acuerdo al nivel de la inflación, como han propuesto algunas CC. AA.
En 2022 se producirá una situación realmente llamativa en las cuentas públicas españolas. Con un déficit público estimado del 5% del PIB, la ratio de Deuda Pública total sobre el PIB se reducirá del 118,4% en 2021 al 113,5% en 2022. Este aparente milagro macroeconómico se debe al efecto de la inflación en el PIB. Aunque en 2022 el PIB real crezca en España el 4,5%, el PIB nominal, incluyendo el incremento de los precios, se estima que crecerá el 9,4%. Por lo tanto, al crecer más el denominador (PIB) que el numerador (Deuda Pública) la ratio Deuda/PIB se reduce. Es obvio que la deuda en términos absolutos sigue aumentando.
Adicionalmente, con una vida media de la deuda pública española de 8 años, las subidas de los tipos de interés sólo afectan a la nueva deuda emitida correspondiente al déficit y a los vencimientos de ese año, aproximadamente un 12,5% del total de la deuda (100/8 años).
Desde 2011 el tipo de interés de las nuevas emisiones no ha dejado de caer a pesar del aumento imparable de la deuda pública en términos absolutos. Frente al 3,9% de tipo de interés medio de las emisiones del Tesoro español en 2011, se pasó al absurdo de financiarse a tipos negativos en 2021 (-0,05%). Como consecuencia, el tipo medio de la deuda viva pasó del 4,07% a apenas 1,65% a final del pasado año.
Aunque el Tesoro haya tenido que subir la remuneración de sus emisiones hasta el 2,35% en el mes de septiembre, el tipo medio de 2022 todavía sigue siendo de sólo el 1,6%. La subida de los tipos de interés está siendo muy inferior a la subida de la inflación y al incremento de los ingresos públicos debidos a la inflación. El incremento de los costes financieros de la deuda pública será muy gradual.
Las familias endeudadas no se ven tan favorecidas como el Estado. En la actual coyuntura, difícilmente los ingresos aumentarán al mismo ritmo de la inflación, produciéndose una merma del nivel de vida. A ello hay que añadir el aumento de los impuestos, entre ellos el IRPF por no deflactar la tarifa, y el aumento de los costes financieros.
En el caso de las empresas endeudadas, dependerá igualmente de si sus ingresos crecen al ritmo de la inflación y del incremento de los costes financieros y de la facilidad de refinanciar el endeudamiento a su vencimiento.
La inflación beneficia al Estado, siendo para familias y empresas un impuesto invisible.