Las grandes cifras y temas macroeconómicos parecen de difícil comprensión por parte de los ciudadanos de a pie. Existe la creencia errónea de considerar que el Estado siempre tiene recursos para pagar lo que haga falta, como si su caja fuera ilimitada.
En realidad, las cuentas públicas de un Estado no difieren mucho a las de una familia o una empresa. Cualquier familia o empresa que consuma e invierta más de lo que ingresa, necesariamente tendrá que pedir prestado a terceros para cuadrar el desfase. Al tener deudas con terceros, parte de sus ingresos lo tendrá que dedicar a pagar intereses. Si no reduce la cantidad destinada a inversiones y gastos, y los ingresos siguen siendo los mismos, cada año tendrá un déficit superior al tener que añadir a sus gastos iniciales los intereses de la creciente deuda.
Cualquier buen padre de familia o cualquier empresario, sabe que no puede gastar de forma permanente más de lo que ingresa. Llegará un momento en el que sus acreedores dejarán de financiar su gasto creciente y, si alguno le sigue financiando lo hará a tipos de interés más elevados. De tal forma que, o reduce sus otros gastos, o su déficit será cada vez mayor.
Desde que comenzó la crisis financiera de 2008 ha ocurrido básicamente lo mismo con las cuentas públicas de algunos países, entre otros de España. En los trece años transcurridos desde 2008, el déficit público acumulado ha sido de más de 948 mil millones de euros, o una media de 73 mil millones de déficit al año. En otras palabras, los gastos e inversiones públicas han excedido en dicha cantidad a los ingresos públicos, y por esa diferencia el Estado ha emitido deuda para poder financiar dichos déficits.
Cuanto más se endeuda una familia o una empresa, más difícil le es encontrar nueva financiación y más cara será esta. Igualmente, los financiadores analizarán si los préstamos concedidos con anterioridad se han utilizado en inversiones productivas, como la formación de un hijo o la adquisición de nueva maquinaria, o si por el contrario el destino ha sido unas vacaciones en el Caribe para el joven que no encuentra trabajo o gastos suntuosos en la empresa.
El análisis de los inversores internacionales cuando adquieren Deuda Pública de los distintos Estados es análogo. Aquellos países que han incurrido en déficit público, pero han destinado el aumento del gasto a inversiones productivas, tendrán mucha más credibilidad y facilidad para acudir de nuevo a solicitar nueva financiación. Por el contrario, los países que básicamente han dedicado el aumento del déficit a gastos corrientes que no generan ningún retorno económico, ni aumentan la capacidad de crecimiento futuro de la economía, tendrán menos crédito y la financiación que percibirán será más cara.
Los países pertenecientes al euro, como España, han disfrutado, y todavía disfrutan, de tipos de interés artificialmente bajos y de un demandante de sus bonos soberanos "incondicional", el BCE. Como contrapartida, ya no disponen de la máquina de hacer billetes. No pueden devaluar su moneda, no pueden crear dinero. Si no consiguen financiación para cubrir sus déficits podrían llegar a suspender pagos. Hay que olvidarse de la creencia popular de que "el Estado siempre paga". El apoyo del BCE no puede ser permanente e ilimitado.
Si, y sólo si realmente se traslada a los inversores con hechos concretos y verificables la certeza de que se están tomando las medidas necesarias para reducir el déficit público y, a la vez dotar a la economía flexibilidad para poder crecer en un futuro, no tendremos problemas en financiar a nuestra economía a tipos razonables.
A partir de 2023 volverán a entrar en funcionamiento las normas fiscales europeas que limitan el déficit que pueden tener los Estados. La barra libre de déficit no será permanente. Los ajustes inevitablemente llegarán. En algún momento será necesario volver a gestionar con la diligencia de un buen padre de familia.
(Adaptación de artículo publicado en mayo de 2010, con la misma validez de entonces. Los conceptos no han cambiado).