Se avecinan importantes cambios en las instituciones europeas que condicionarán la política económica del continente en los próximos años. Tras las elecciones al Parlamento Europeo de esta semana, se elegirá a la próxima Comisión Europea. La fragmentación del voto, también a nivel europeo, hará más complejos los acuerdos para la elección de los miembros de la Comisión Europea y, especialmente, la del Presidente de la Comisión.
Adicionalmente, en octubre habrá un nuevo presidente del BCE, sin que a día de hoy esté claro quién ocupará la silla de Draghi. La gran duda reside en si el sucesor del italiano seguirá fiel a la política monetaria ultralaxa desarrollada bajo el mandato del italiano. El principio fundamental de su actuación se resume en la expresión "whatever it takes". "El BCE dentro de su mandato hará todo lo necesario para mantener el euro". Desde la manifestación de la ya famosa frase en verano de 2012, la intervención del BCE ha sido intensa, tomando decisiones impensables hasta entonces: ha situado los tipos de interés en negativo; ha adquirido cantidades ingentes de bonos soberanos, situándose como el principal tenedor de bonos de la mayoría de países de la Eurozona; ha adquirido bonos de empresas privadas, provocando que incluso algunas de ellas recibieran intereses por endeudarse; ha provocado que actualmente el 45% de la deuda soberana de la Eurozona esté con tipos negativos. Sea quien sea el nuevo máximo responsable del BCE, tiene muy complicada la normalización monetaria sin causar fuertes turbulencias en la financiación de los estados.
Existe una idea cada vez más extendida de considerar que a la próxima Comisión Europea no le quedará más remedio que facilitar a los países europeos una política fiscal más laxa para dinamizar el lánguido crecimiento de la economía europea. Simplemente analizando las ratios de deuda pública y déficit sobre el PIB de los principales países europeos, parece muy complicado que se pueda alcanzar un acuerdo de ese tipo.
Alemania es uno de los escasos países de la Eurozona con un nivel de deuda pública cercano al 60% de su PIB, teniendo además superávit en sus cuentas públicas. La economía germana actualmente presenta unas previsiones de crecimiento muy modestas tras haber bordeado la recesión al final del pasado año. Aun así, el Gobierno alemán no ha puesto en marcha ningún programa extraordinario de gasto público o de infraestructuras. Parece difícil que países como Alemania, Finlandia u Holanda, con deuda en torno al 60% del PIB, apoyen una relajación de los criterios fiscales para permitir un mayor déficit público y, por tanto, mayor deuda pública a países como España, Francia o Italia con niveles cercanos al 100% de deuda/PIB en el caso de los dos primeros y superior al 130% en el caso italiano.
Pese a los criterios de convergencia establecidos para la entrada de los distintos países en la moneda única (entre ellos los límites del 60% de deuda y 3% de déficit sobre el PIB), veinte años después las divergencias entre los países reflejadas en el gráfico son notables, crecientes y difícilmente sostenibles en el tiempo.
La ingente liquidez actual y los tipos de interés negativos (recibir intereses por endeudarse en lugar de pagarlos), distorsionan la realidad de la deuda existente. Que el 47% del total de la deuda pública española (bonos, letras y obligaciones) esté actualmente con tipos negativos no se debe a una magnífica gestión de los sucesivos gobiernos, sino a la actuación del BCE. Es difícil convencer a cualquier gobierno de los peligros del endeudamiento cuando este parece salir gratis a corto plazo o incluso permite cobrar intereses en lugar de pagarlos.
La situación de los tipos de los bonos soberanos en Europa, con el 45% en negativo, augura un débil y frágil crecimiento en los próximos años. Como en el pasado reciente, la toma de decisiones en Europa que supongan cambios estructurales, tendrán que esperar a la aparición de la amenaza inminente de una nueva crisis. Mientras tanto la toma de acuerdos de calado en Europa se antoja altamente improbable.