La presión actual a convertir todas las inversiones en medioambientalmente sostenibles procede de numerosos frentes. Los organismos internacionales, los gobiernos, organismos privados de gran influencia, los inversores institucionales e incluso la inmensa mayoría de los medios de comunicación empujan hacia la necesidad de convertir todas las inversiones en inversiones "medioambientalmente sostenibles" encaminadas a la descarbonización de la economía.
Siendo loable la intención de conservación del medio ambiente, la realidad es que una transición desde un sistema energético actual, en el que el 81% de la energía procede de combustibles fósiles, a otro totalmente descarbonizado, tiene considerables riesgos para la sostenibilidad de la disponibilidad de energía en la mayoría de países. La energía es un elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier economía avanzada y para el bienestar tal y como se conoce en Occidente. Esta transición sin un plan bien elaborado corre el riesgo de provocar escasez energética en distintas áreas y elevados precios de la energía.
Desde hace años, las compañías gasistas y petroleras se han visto presionadas a reducir su producción y diversificar sus inversiones hacia áreas distintas a su negocio tradicional de exploración y producción de combustibles fósiles. Esta situación ha llevado a este tipo de compañías a destinar una parte considerable de sus inversiones hacia las energías renovables. A modo de ejemplo, Repsol anunció el año pasado inversiones en este campo por valor de 18 mil millones hasta 2025. Total y BP siguen el mismo camino, destinando ingentes cantidades a energías solar y eólica. Obviamente, estas inversiones van en detrimento de inversiones en exploración y producción de combustibles fósiles. Es el precio a pagar para ser consideradas compañías medioambientalmente sostenibles y, por tanto, invertibles para un elevado número de inversores institucionales.
Otras compañías petroleras como Shell y ExxonMobil, ante el ambiente hostil incluso de los grandes inversores institucionales, prefieren dedicar sus recursos a la recompra de sus propias acciones y a incrementar el dividendo en lugar de invertir en el futuro de su negocio y aumentar su capacidad de producción.
La presión para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero ha provocado un nivel de reducidas inversiones en nueva oferta de petróleo desde 2015. La propia OPEP estima que la demanda global de petróleo seguirá creciendo por lo menos hasta mediados de la próxima década con una demanda diaria de 108 millones de barriles diarios, para después estabilizarse hasta al menos 2045.
Teniendo en cuenta que la demanda de petróleo sigue incrementándose año tras año, los bajos niveles de inversión son la semilla de graves problemas a medio y largo plazo. La deseada transición energética a fuentes no contaminantes llevará su tiempo. Desde el 81% actual de energía procedente de combustibles fósiles hasta su total desaparición no es cuestión de pocos años, ni de una década. La demanda de petróleo no se va a desvanecer rápidamente. Sirva de ejemplo la situación actual de Noruega. Con el 64% de nuevos vehículos eléctricos, el consumo de petróleo no se ha reducido.
De acuerdo con las tendencias actuales, la oferta de petróleo a nivel global, alcanzará su pico antes de que lo haga la demanda. Esto inevitablemente provocará escaladas de los precios a niveles muy superiores a los actuales y volatilidad.
La ley de la oferta y la demanda hace que cuando el precio de un bien sube de manera sostenida por aumento de la demanda, los productores de dicho bien aumenten la oferta, provocando una reducción de los precios.
Ahora, por primera vez, las petroleras occidentales no están respondiendo a las fuertes subidas del precio del petróleo con un incremento de la producción. De hecho, a pesar de los precios actuales superiores a $80 el barril, la producción de petróleo en EE.UU. caerá este año. Con la mayoría de los países desarrollados adoptando planes de emisiones netas CERO para 2050 o incluso antes, difícilmente las compañías realizarán inversiones multimillonarias en proyectos de largo plazo de petróleo o gas. La consecuencia previsible es una estimación de precios energéticos elevados durante un largo periodo de tiempo, haciendo a su vez más costosa la factura de la luz.
Los países europeos, de persistir en su descarbonización sin contar con la energía nuclear, aumentarán sensiblemente su vulnerabilidad energética y su dependencia del exterior. Francia, con el anuncio de la inversión en nuevas plantas nucleares es la honrosa excepción.
Por supuesto que la obligación (bíblica) de dejar un planeta sostenible a las siguientes generaciones es un deber moral. Pero querer realizar una transición energética que llevará décadas penalizando la inversión en las fuentes de energía que todavía son imprescindibles puede provocar efectos muy nocivos y no deseados. Pretender focalizar toda la inversión hacia lo que se considera medioambientalmente sostenible se antoja insostenible.