A mayor calificación crediticia (rating), menor riesgo. A menor riesgo, menor tipo de interés exigido por los inversores en la financiación de una empresa o un Estado. No es un asunto menor. El rating de un país condiciona el rating de las emisiones realizadas por las empresas de dicho país y, por tanto, el coste de su financiación.
Las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias de rating son utilizadas, tanto por los inversores institucionales como por los reguladores, para determinar el nivel de riesgo de un emisor o de un activo de renta fija. Aunque sea una enorme simplificación, se entiende que, a igual rating, riesgo similar. Tras la última decisión de Moody´s, Portugal, por primera vez, consigue tener un rating superior al de España (por una de las agencias de rating). Sólo es cuestión de tiempo que las otras dos principales agencias de rating sigan los mismos pasos.
Cuando mejora el rating de un país se produce un efecto virtuoso sobre las emisiones de las empresas de dicho país, facilitando el aumento de la calificación de sus empresas nacionales. Como consecuencia de la mejora de calificación crediticia, se reduce el coste de la financiación del Estado y de las empresas. Del mismo modo, una bajada del rating de un país penaliza al rating de las emisiones de las empresas de dicho territorio, aumentando el coste de financiación e incluso obligando a algunos inversores a vender bonos por situarse por debajo de su umbral de riesgo aceptable.
Justo después de la crisis financiera, tuvieron mucha relevancia las bajadas de calificación crediticia a Estados y empresas realizadas por las principales agencias de rating. Es probable que en los próximos años las decisiones de las agencias de rating vuelvan a ser foco de atención. Después de la suspensión de las reglas fiscales de la Unión Europea desde 2020, por la excepcionalidad de los efectos económicos adversos de la pandemia, estas vuelven a aplicarse a partir de 2024. De momento, el nivel objetivo de déficit público vuelve a estar limitado al 3% del PIB.
No todos los países han seguido la misma senda, ni han tenido el mismo comportamiento con sus finanzas públicas durante los años en los que las reglas fiscales no han sido de obligado cumplimiento.
Portugal ha sido especialmente diligente con sus cuentas públicas y ahora ve el premio a sus políticas económicas y fiscales. La subida del rating de Portugal en dos escalones por parte de Moody´s refleja: los efectos positivos sobre el crédito a medio plazo de una serie de reformas económicas y fiscales, el desapalancamiento del sector privado y la mayor fortaleza del sector bancario. Moody´s resalta que el potencial de crecimiento de la economía lusa se ha incrementado en la última década gracias a las reformas económicas y laborales, habiendo ganado competitividad y empleo. La mejora de la calificación crediticia también tiene en cuenta las perspectivas de crecimiento de la economía lusa gracias a la continuidad de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y a la profundización de las reformas.
El compromiso portugués con la consolidación fiscal es palpable. Sólo sobrepasó el 3% de déficit público en 2020. Este año 2023 tendrá superávit y en 2024 prevé que sus cuentas estén cuadradas. Este control de las cuentas públicas está permitiendo a Portugal la reducción de su elevado nivel de deuda pública desde el 121% en 2018 al 100% el próximo año.
Desafortunadamente las cifras de las cuentas públicas españolas no presentan un panorama tan halagüeño. De hecho, tanto S&P como Moody´s, dos de las principales agencias de rating, han manifestado el efecto negativo en las finanzas públicas de la implementación de los acuerdos de investidura. Igualmente, la Unión Europea acaba de recordar al Gobierno español la necesidad de consolidación fiscal de las cuentas públicas.
Conviene recordar la mención de las agencias de rating respecto a los factores que podrían llevar a una reducción de la calificación crediticia de España y, como consecuencia, de las emisiones de renta fija realizadas por las empresas españolas. Por un lado, un empeoramiento de las cuentas públicas por medidas que incrementen el déficit público. Por otro lado, una caída de la actividad y un eventual incremento de los costes de financiación del Tesoro español.
Lo mismo que el periodo de tipos de interés negativos ha llegado a su fin, el periodo de ausencia de reglas fiscales y alegría en la gestión de las cuentas públicas también. España, como el resto de los países de la Unión Europea, tendrá que volver a cumplir con la limitación del déficit público y con un plan de reducción del volumen de deuda pública, al menos como porcentaje del PIB.
El comportamiento de un país con respecto a sus políticas económicas y sus cuentas públicas tiene consecuencias. Como en el caso de Portugal, una política orientada a promover el crecimiento a largo plazo y de consolidación de las cuentas públicas acaba teniendo premio, en forma de mejor rating, más inversión y más empleo, y menores costes de financiación.
Las políticas contrarias inevitablemente obtendrán los resultados contrarios. De momento Portugal adelanta a España.
Artículo escrito por Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4 Banco.