Tras las fuertes caídas de las cotizaciones de los bancos en bolsa durante la semana es lógico preguntarse si no estará siendo una sobrerreacción de los inversores al preacuerdo de gobierno conocido esta semana.
Lo cierto es que los accionistas de los bancos tienen motivos para la preocupación. La cronificación del entorno de tipos de interés negativos y la expectativa generalizada de una desaceleración global del crecimiento económico complican de por sí el negocio bancario. La dificultad de traspasar los tipos negativos depósitos a la gran masa de depositantes se antoja políticamente insalvable en el nuevo entorno. En Portugal ya existe una ley que impide cobrar "intereses negativos" a los saldos inferiores a 100.000.
Si a lo anterior se suman los anuncios, de momento no materializados en normas, de un impuesto sobre las entidades financieras y una exigencia de hacerse cargo de las ayudas estatales a las entidades rescatadas, la preocupación tiene lógica.
A pesar de que reiteradamente se habla del "rescate bancario" en España, se debería hablar de rescate de cajas, no de bancos.
Conviene hacer un poco de historia. Hasta el inicio de la crisis financiera en 2008, España contaba con un sistema financiero dividido en dos bloques claramente diferenciados: los bancos y las cajas de ahorro. Los bancos, la inmensa mayoría de ellos cotizados en bolsa, cuentan con accionistas que han invertido y arriesgado su dinero en el capital del banco. Por el contrario, las cajas de ahorro eran entidades sin accionistas que, salvo excepciones, acabaron actuando como una banca pública más preocupada en la financiación de determinadas operaciones locales que en el mantenimiento de la solvencia de las entidades. Adicionalmente, realizaban una labor irremplazable en su zona de influencia a través de la Obra Social.
Pues bien, todas las ayudas financieras para la capitalización de entidades, sin excepción, fueron a parar a las antiguas cajas de ahorro, aunque algunas de ellas se habían transformado en banco por imperativo legal. El único banco que recibió ayudas financieras para su capitalización fue el Banco de Valencia, perteneciente a una caja de ahorro. Por tanto, sería mucho más exacto y justo hablar de "rescate de las cajas" o "rescate de la banca pública" que de rescate bancario.
Los bancos, y por consiguiente sus accionistas, han sido paganos del rescate de las cajas transformadas en bancos. A través Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se financia únicamente con las aportaciones de las entidades financieras, los bancos han soportado y siguen soportando parte del coste del rescate de las cajas.
Ninguno de los bancos tradicionales españoles ha recibido capital público, ni les ha costado dinero a los contribuyentes. Sus accionistas han sufrido continuas diluciones por las ampliaciones de capital realizadas, hasta llegar a reducir sus beneficios por acción en más de un 50% en algunos casos (ver cuadro).
La reestructuración de la banca tradicional la han sufrido principalmente sus accionistas, no las arcas públicas. Denominar a la reestructuración de las cajas de ahorro "rescate bancario" llama a engaño y crea una sensación de que toda la banca ha sido ayudada con dinero público, lo cual no es cierto. Los bancos tradicionales con accionistas han hecho recaer su ajuste sobre sus accionistas. Si no, que se lo pregunten a los accionistas del Banco Popular.
Entre el mal entorno para el negocio bancario y la incertidumbre causada por las amenazas de más impuestos y asunción de costes de los rescates de competidores, no es de extrañar la reacción de las cotizaciones de los bancos.