La bondad para una economía de captar inversiones estables y recurrentes de inversores extranjeros es indudable. Estas inversiones crean empleo directo e indirecto, aumentan los ingresos fiscales y ayudan al crecimiento. Los inversores que adquieren bonos, prestan o adquieren acciones de las compañías, facilitan la financiación de las empresas que les permite funcionar y acometer políticas de crecimiento. En definitiva, cuanta más capacidad tenga una economía para atraer inversiones extranjeras, mayor será su crecimiento, traduciéndose en mayor bienestar.
La globalización y la libertad de movimiento de capitales amplían enormemente las opciones de inversión. Cualquier inversor institucional exigirá unas condiciones mínimas para materializar sus inversiones. Exigirá, como mínimo, estabilidad social y política y seguridad jurídica. De no cumplirse cualquiera de estas exigencias, el mundo es demasiado grande como para no encontrar una economía que sí los cumpla, desplazando las inversiones desde una economía a otra.
Haber sido durante décadas una economía receptora de inversiones extranjeras, no garantiza que se sigan recibiendo más inversiones en el futuro si las condiciones de estabilidad varían sustancialmente. El caso argentino, que tras la suspensión de pagos de 2001 ha estado más de 15 años sin poder financiarse en los mercados internaciones, o el caso venezolano, son dos claros ejemplos. La pérdida de la seguridad jurídica y de la estabilidad ahuyenta durante lustros la inversión extranjera.
Una economía que se ha favorecido de la inversión extranjera en el pasado, y sigue dependiendo de su financiación exterior, puede verse en graves problemas si pierde la confianza de los inversores. A modo de ejemplo, de la deuda pública emitida por el Tesoro español, el 50% se encuentra en manos de no residentes, además de las tenencias del Banco de España como consecuencia de la ejecución de la política de compra de activos del BCE. Es imprescindible mantener las condiciones adecuadas para que los tenedores de los bonos reinviertan de nuevo en bonos españoles al vencimiento de los mismos. Con la financiación de las empresas en los mercados internaciones sucede lo mismo. Deben mantener su atractivo para convencer a los inversores de que sigan financiándoles.
En conjunto, la deuda bruta externa de España se situó en 1,92 billones de euros en el segundo trimestre de 2017, equivalente al 170% del PIB. La posición de la inversión internacional neta (excluyendo el dinero prestado al BdE por el BCE) alcanzó los -777 mil millones de euros a fin de junio. Estos datos demuestran que España ha sido un destino atractivo para la inversión extranjera. Se deben mantener las condiciones para seguir siéndolo en el futuro.
La globalización facilita que los inversores elijan en el destino de su inversión contemplando muchas opciones, siendo su propio país de origen una más de dichas opciones. El sesgo doméstico en la decisión de inversiones existe, pero cada vez es menor. Por lo tanto, no solo hay que crear las condiciones para que las inversiones extranjeras elijan nuestra economía como destino de inversión, sino que hay que crear las condiciones para que las inversiones de los propios nacionales se realicen aquí y no en el extranjero.
La gran mayoría de los inversores, nacionales e internacionales, son libres, dentro de sus propias políticas de inversión para decidir en qué economía invertir. El mundo es demasiado grande como para correr riesgos innecesarios en un destino concreto si existen multitud de opciones con el mismo resultado esperado y menos riesgo. Conseguir la confianza de los inversores y que elijan como destino una economía y no otra cuesta años. En caso de perder dicha confianza, recuperarla puede llevar años.