La crisis energética consecuencia de la guerra en Ucrania ha supuesto un severo contratiempo para la industria europea. La falta de independencia energética en Europa y el corte del suministro del gas ruso a precios razonables introducen una elevada incertidumbre en los costes energéticos, especialmente para aquellas empresas más intensivas en energía. La pérdida de competitividad frente a otras áreas económicas con suministro energético garantizado y a precios sensiblemente inferiores es manifiesta.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una normativa por la cual se prohíbe vender turismos con motor de combustión interna (diésel, gasolina e incluso híbridos) en la UE a partir de 2035. El supuesto objetivo de dicha medida es reducir las emisiones de CO2. Si fuese así, sorprenden las declaraciones del Comisario de Comercio Interior, Thierry Breton: "Nuestra democracia ha decidido que para el 2035 no vamos a poder comprar coches de combustión dentro de Europa, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de producirlos. Serán necesarios para el resto del mundo".
Si no se pueden vender en Europa porque son "dañinos" para el medio ambiente, no se entiende que se puedan vender en el resto del mundo, contaminando allí. Conviene recordar que la UE es responsable de apenas el 7,9% de las emisiones mundiales de CO2.
La medida aprobada por el Parlamento Europeo pretende determinar que la solución tecnológica a la movilidad a futuro es el vehículo eléctrico. En lugar de ello, debería facilitar que fuera la demostrada capacidad de innovación y eficiencia de las compañías automovilísticas la que encontrara las tecnologías más eficientes. De hecho, las emisiones contaminantes de los motores de combustión se ha reducido en más de un 90% en los últimos 30 años.
Las autoridades están dirigiendo a las automovilísticas europeas a una tecnología, el vehículo eléctrico, que no es necesariamente la más benévola con el medio ambiente, ni la más eficiente. Un vehículo eléctrico necesita una cantidad de minerales (206,9 kg) seis veces superior a la requerida por un vehículo de combustión (33,8 kg). La extracción de los distintos minerales no es inocua para el medio ambiente.
Cuanto más antiguo es un coche, más contamina. En el gráfico siguiente se observa dicha tendencia. Curiosamente, el repunte de emisiones de vehículos nuevos matriculados entre 2016 y 2019 se debe a la menor venta de los coches diésel tras el escándalo del "dieselgate". Los motores de gasolina emiten al menos un 20% más de CO2 que los motores diésel.
La incertidumbre constante sobre las prohibiciones a los vehículos de combustión y las enormes limitaciones de todo tipo de los vehículos eléctricos disponibles, empezando por su elevado coste, han llevado a una reducción del número de matriculaciones de vehículos nuevos y a un envejecimiento del parque móvil español. Su vida media es de 13,5 años, dos años más que la vida media del parque móvil europeo. Si realmente se desea reducir las emisiones contaminantes sería más eficaz incentivar la sustitución de vehículos de más de diez años por vehículos de combustión nuevos, en lugar de subvencionar vehículos eléctricos.
Aunque sean muchas las voces que consideran inviable la fecha de entrada de la prohibición en 2035, e incluso haya cinco países (Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia) que hayan solicitado una demora de al menos cinco años adicionales, el daño sobre el sector será inmediato, salvo un rápido cambio de rumbo.
Adicionalmente a lo anterior, la nueva normativa antiemisiones Euro7 para los motores de combustión interna que entrará en vigor en 2025, supone otro palo en la rueda del sector. Así, el CEO de Audi ha anunciado que dejarán de desarrollar nuevos motores de combustión por la norma Euro7. Por su parte, la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil considera que, con la introducción del estándar Euro7, la UE prohíbe de facto los automóviles con motores de combustión interna a partir de 2025 debido a su exigente normativa antiemisiones.
Sorprenden las trabas impuestas a uno de los sectores industriales punteros en Europa. La propia IEA considera que no hay suficientes minerales disponibles para electrificar todo el parque móvil tan pronto como 2035. Las consecuencias no serán nada benévolas.