La casi totalidad de los países desarrollados tienen un elevado nivel de deuda pública, resultado de los continuos déficits generados por el exceso de los gastos públicos frente a los ingresos públicos. Dichos déficits se financian a través de la emisión de bonos y otros instrumentos de deuda que son adquiridos tanto por inversores nacionales como internacionales en los mercados financieros.
Sin el acceso a la financiación proporcionada por los inversores no sería posible mantener déficits fiscales, ni refinanciar la deuda pública existente al llegar el momento de su vencimiento. Esta circunstancia hace que los mercados financieros puedan poner freno a los excesos de un determinado gobierno que provoque una percepción de insostenibilidad de su deuda pública.
Si el tipo de interés de las nuevas emisiones de deuda sube, la carga de intereses se incrementa y dificulta la sostenibilidad de la deuda. Cada país tiene que financiar cada año tanto la deuda que vence como el déficit fiscal generado en el año.
En un mundo globalizado, los inversores, tanto nacionales como internacionales, son libres de elegir dónde materializan sus inversiones, pudiendo decidir situar su dinero en un país o en otro y con un alto abanico de opciones de inversión. No obstante, existen normas aplicables a los inversores institucionales que favorecen la inversión en deuda pública en lugar de deuda privada por considerar que la primera tiene un riesgo menor de insolvencia.
Los mercados financieros, a través de los inversores, ejercen un papel práctico de limitar la aplicación de propuestas maximalistas y programas financieramente insostenibles de algunos gobiernos. Cuando los inversores dejan de financiar la deuda de un determinado país, o le exigen un tipo de interés sensiblemente superior al pagado hasta entonces, a los gobiernos no les queda más remedio que cambiar el rumbo de sus políticas. Cuando los inversores consideran que la deuda de un determinado país va por el camino de la insostenibilidad, dejan de comprar nueva deuda e intentan deshacerse de la que ya tienen.
Son numerosos los ejemplos de situaciones en las que, ante medidas adoptadas por los gobiernos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la deuda, se ha producido un movimiento de fuertes ventas de bonos soberanos con subidas considerables de tipos de interés que han provocado la intervención del banco central correspondiente y la toma de decisiones de política económica que encauzara la situación. Entre ellos:
En septiembre de 2022 Liz Truss, primera ministra británica, presentó un presupuesto que suponía un elevado aumento del déficit público. Como resultado, el precio de los bonos del Tesoro inglés se hundió, los tipos de interés de los bonos se dispararon, el banco central tuvo que salir al rescate y finalmente Liz Truss dimitió y el presupuesto fue retirado.
El primer gobierno francés de la era Mitterrand tuvo que claudicar de sus postulados maximalistas en apenas un mes tras el rechazo de los mercados financieros a seguir financiando a Francia a tipos razonables.
En mayo de 2010, ante la extrema dificultad de emitir bonos soberanos a tipos razonables, el Gobierno de Zapatero se vio obligado a tomar medidas de ajuste fiscal antagónicas a las de su programa de gobierno (reducción de la retribución de los funcionarios, congelación de las pensiones y subida del IVA).
Para que cualquier Estado con deuda y con déficit público siga financiándose a tipos razonables es inevitable mantener el atractivo para que los inversores nacionales e internacionales sigan invirtiendo en sus bonos soberanos. Guste o no, los mercados financieros limitan a los gobiernos que pretenden aplicar medidas que ponen en peligro la sostenibilidad de la deuda pública.