Para evitar que el daño económico causado por la crisis sanitaria se convierta en estructural es fundamental ayudar a las empresas para que puedan superar esta grave situación y sean capaces de mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles. Así lo han entendido todos los gobiernos de los países occidentales adoptando un conjunto de medidas:
- facilidades de financiación (en España vía avales del ICO),
- flexibilización de los ajustes laborales temporales (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo - ERTEs en España),
- moratoria en el pago de préstamos,
- moratoria de la obligación de presentar concurso de acreedores por deterioro significativo de los recursos propios de la empresa,
- reducciones de impuestos (desgraciadamente no en España).
Se trata de conseguir que un problema coyuntural de liquidez en las empresas no se convierta en un problema de solvencia. Según transcurren los meses, la línea que separa iliquidez de insolvencia se hace cada vez más fina. La empresa que cierra no vuelve a abrir, dejando como resultado a todos sus empleados fuera del mercado laboral. Cerca del 60% del empleo en España corresponde a empresas con menos de 50 trabajadores. Evidentemente, estas compañías son las más vulnerables.
Desafortunadamente, la vuelta a una cierta normalidad económica tardará más de lo previsto hace escasos meses. Esta prolongación de la situación de deterioro económico en muchos sectores hace casi inevitable que las medidas actualmente en vigor necesariamente se tengan que prorrogar si no se quiere caer en una espiral de quiebras, despidos y deterioro económico generalizado.
La suspensión temporal de la obligación de presentar concurso de acreedores (suspensión de pagos) ha evitado una oleada de quiebras que habría intensificado la recesión, al afectar al empleo, a los balances bancarios, reduciendo el crédito disponible y disminuyendo la demanda. De hecho, a pesar de la debacle económica del pasado año, las insolvencias cayeron en toda Europa en la primera mitad de 2020, disminuyendo en España un 23%.
El próximo 14 de marzo vence la moratoria del deber de presentar concurso para las empresas cuyos recursos propios están por debajo de los límites legales establecidos. Previsiblemente se ampliará el plazo, aunque dicha medida sólo retrasará la quiebra en muchos casos. Cuando estas moratorias sobre la obligación de solicitar concurso de acreedores se levanten, en España y en el resto de países europeos, inevitablemente se producirá una oleada de quiebras.
Los préstamos ICO, para aquellas empresas que hayan logrado acceder a ellos, han servido para solucionar un problema de iliquidez, pero no soluciona los problemas de solvencia en un escenario de parón económico como el actual. De hecho, muchas empresas tendrán que solicitar concurso de acreedores si se ven obligadas a devolverlos.
La percepción de la situación económica actual no refleja la cruda realidad subyacente. Las medidas como préstamos ICO, ERTEs y moratoria en la devolución de créditos o posibilidad de no presentar concurso de acreedores han ayudado a postergar el problema en espera de una recuperación económica que de momento no llega.
De momento las ayudas europeas y la contundente compra de bonos del Estado por parte del BCE facilitan la financiación de estas ayudas. Esta situación no será eterna.