Un Estado se ve obligado a solicitar asistencia financiera (rescate) a las autoridades europeas cuando no es capaz de financiarse en el mercado emitiendo deuda (bonos y letras) a tipos de interés razonables.
En la última década tres miembros de la Eurozona se han visto obligados a solicitar un rescate a las autoridades europeas: Grecia en 2010, 2011 y 2015, Portugal en 2011 e Irlanda en 2011. En todos estos casos, la financiación otorgada a cada uno de los países ha estado sujeta a determinada condicionalidad, que cada país debía cumplir. Ha permitido a los países rescatados no tener que acudir, durante un tiempo, al mercado a emitir bonos, al tener garantizada la financiación a través de los volúmenes de ayuda financiera acordados en cada rescate.
A partir de 2012, con el famoso "whatever it takes" de Draghi, el BCE abrió la posibilidad de adquirir bonos de un determinado país por cuantía ilimitada a través de los programas OMT (Outright Monetary Trasactions). Como requisito previo, el país que desee que el programa se ponga en marcha debe solicitar un rescate a las autoridades europeas, el cual estará sujeto a condicionalidad. El mero anuncio de la posibilidad de activar los programas OMT fue tan exitoso, que ni siquiera tuvo que ponerse en marcha para que los tipos de interés de la deuda periférica se redujeran sensiblemente.
A partir de 2015, el BCE comenzó a adquirir de forma directa y sistemáticamente bonos soberanos de TODOS los países de la Eurozona, sin ninguna condicionalidad. Eso sí, para que no se pudiese considerar financiación de los Estados por parte del BCE, se estableció la argucia de obligar al BCE a comprar los bonos en la proporción a la participación de cada Estado miembro en el capital del BCE (clave de capital): el 26% en bonos alemanes, el 17% en bonos italianos y el 12% en bonos españoles...
Estas compras por parte del BCE han permitido a los Estados miembros financiarse a tipos de interés ridículos, incluso negativos. Ahora, con la llegada inesperada de la pandemia del COVID-19, las necesidades de financiación adicional de los Estados, especialmente del sur de Europa, se han incrementado sensiblemente.
En el caso de España, si el déficit público de 2020 asciende al 10%, las necesidades de financiación ascenderán a algo más de 200 millardos de euros. España, al igual que Italia, vería subir sensiblemente el tipo de interés exigido por los inversores si no fuera por la contundente actuación del BCE.
El pasado 18 de marzo el BCE aprobó un programa de compra de bonos de 750 millardos de euros en 2020, adicional a los programas que ya había aprobados. De dicha cantidad, casi 80 millardos irán destinados a la compra de bonos españoles y cerca de 120 millardos a la adquisición de bonos italianos. Estas adquisiciones se realizan sin condicionalidad alguna.
Lagarde manifestó su propio "whatever it takes": "No hay límites a nuestro compromiso con el euro. Estamos decididos a utilizar todo el potencial de nuestras herramientas, dentro de nuestro mandato". Con dichas declaraciones el mercado descuenta que, si es necesario aumentar el volumen de compras de bonos, el BCE lo aprobará sin problemas.
Adicionalmente, el BCE sigue una política de tipos de interés negativos y de barra libre de liquidez a la banca, que empuja a las entidades financieras a adquirir bonos soberanos incluso a rentabilidad cero, al recibir intereses negativos del BCE por pedirle dinero prestado. Reciben préstamos al -1% o al -0,25% del BCE y pueden invertir en Letras del Tesoro españolas al 0% o en bonos italianos a 2 años al +0,65%. Esta política ayuda al beneficio de la banca y permite la financiación de los Estados a tipos artificialmente bajos.
En definitiva, ahora el rescatador es el BCE, además, sin condicionalidad. Las tensiones en los mercados de bonos soberanos volverán cuando los inversores pongan en duda la capacidad del Consejo de Gobierno del BCE de seguir incrementando una y otra vez los programas de compra de bonos soberanos. Por eso es tan relevante el toque de atención manifestado por el Tribunal Constitucional alemán. En cualquier caso, mientras el bazooka del BCE siga con munición, el Tesoro español no tendrá problemas en financiarse.